Pandora Papers: desde Shakira hasta Miguel Bosé y políticos
Pandora Papers: desde Shakira hasta Miguel Bosé y políticos mexicanos: Shakira, Miguel Bosé, Elton Jhon y la modelo alemana Claudia Schiffer se suman a Julio Iglesias como los famosos expuestos por la investigación de los Pandora Papers, que saca a la luz casos de evasión fiscal. De acuerdo a la investigación realizada a partir de los documentos llamados Pandora Papers, Shakira continuó abriendo sociedades en paraísos fiscales aún cuando ya era investigada en España por evasión fiscal.
La cantante de “Hips Don't Lie” creó una compañía Titania Management en las Islas Vírgenes Británicas entre finales de 2018 y principios de 2019, reveló la investigación del medio La Sexta, de la cual ella es la única beneficiaria, pero también apunta a su madre Nidia Ripoll como la vicepresidenta y secretaria.
Esta empresa de Shakira inició con 50 mil dólares y tiene como domicilio fiscal la casa donde vive con el futbolista Gerard Piqué y sus hijos. El accionista principal de la compañía es New Wolrd Holdings, sociedad pañamena también vinculada con la cantante.
La cantante colombiana que radica en Barcelona actualmente es acusada de fraude fiscal en España.
En el caso de la supermodelo de los años 90, Claudia Schiffer, se revela que gestionó su fortunas a través de seis sociedades “offshore”, o sea en el extranjero, ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, reportó el medio La Sexta.
La modelo, uno de los rostros más famosos por sus campañas de Guess, creó estas sociedades a finales de 2017: TDU Holdings Limited, 51 Red Balloons Holdiongs Limited entre octubre y noviembre, y las otras cuatro las creó dos días antes de terminar el año. Schiffer era la única beneficiaria de éstas.
Además de las seis sociedades, Claudia Schiffer hizo un fideicomiso en noviembre de 2016 al que transfirió su patrimonio y puso como beneficiarios a su madre, su hermano y a su esposo.
Tras ser expuesta por los Pandora Papers, el equipo legal de Schiffer declaró a medios alemanes que ella paga correctamente sus impuestos.
Miembros del actual gobierno en nuevo escándalo llamado “Pandora Papers”
Las familias del PRI y el PAN
Cuando los despachos internacionales ayudan a montar empresas offshore en los paraísos fiscales, deben anotar si su cliente es una persona “políticamente expuesta” ya sea porque tiene parentesco con algún funcionario o porque ocupa un cargo público. Quienes caen en esta categoría deben recibir una atención especial para verificar el origen de sus recursos y el resguardo de los activos.
Arturo Montiel Yañez registró un fideicomiso en las Islas Vírgenes seis días antes de que su padre, Arturo Montiel Rojas, terminara su mandato como gobernador del Estado de México en septiembre de 2005, según las revelaciones.
A sus 33 años, el empresario y primogénito del exgobernador celebró un contrato con Alcogal y Stanford Trust para cederles la gestión de 3.5 millones de dólares en beneficio de sus hijos Arturo y Santiago Montiel Ferreyra, según el documento firmado el 8 de septiembre de 2005 que dio origen al fideicomiso Art Saint Trust.
Los documentos no mencionan el origen de los fondos, pero la millonaria operación sucedió cuando el exgobernador y su familia estaban siendo investigados por malversación, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos, aunque la fiscalía estatal concluyó que no había elementos contra los Montiel. Los esfuerzos por obtener la versión de Montiel Yáñez no dieron resultados.
Jesús Murillo Ortega es hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam. Con un millón de dólares, el empresario creó en marzo de 2014 junto con su esposa la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir en bienes raíces, de acuerdo con los documentos filtrados. Murillo Ortega declaró que los recursos eran derivados de sus ahorros personales.
La offshore fue registrada cuando Murillo Karam estaba al frente de la Procuraduría General de la República. Durante esos años, empresas en México de los hijos y parientes de Murillo Karam ganaron más de 300 millones de dólares en contratos de obras asignadas mientras estaba al frente de la PGR, según una investigación de MCCI.
“Esta corporación (Sweet Land Ltd) en ningún momento llevó a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso ni siquiera aperturó una cuenta de banco e incluso fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”, respondió Murillo Ortega a un cuestionario enviado para esta investigación.
Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, se convirtió en el verano de 2008 en director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, una sociedad anónima creada en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate, según los documentos de registro de la firma.
La empresa fue creada en 2006 a través de Trident Trust Company por un corredor de bienes y raíces, pero dos años después se nombraron nuevos accionistas y directivos: junto con Francisco Labastida llegaron Leonor Labastida Vargas así como Andrés Conesa Labastida, director de Aeroméxico, y otros empresarios agrícolas sinaloenses.
El yate de los Labastida es un Azimut M/Y 2006, de diseño italiano bautizado como “Pez Gordo”, según un documento firmado en 2010 por el hijo del ex candidato presidencial.
“Soy accionista de una sociedad mercantil (…) dueña de la embarcación denominada ‘Pez Gordo’ desde el año 2006 y que como parte de la inversión hecha tengo derecho a hacer uso de 5 semanas al año”, dijo Labastida en una carta.
Para Luis Pérez de Acha, abogado especialista en materia fiscal, la compra de yates o propiedades a través de entidades offshore tiene dos propósitos: ocultar la identidad del propietario y obtener ventajas tributarias. “Tener un yate con registro de bandera de otro país trae algunos beneficios fiscales y financieros, es por eso que se utiliza, básicamente por el pago de menores impuestos”, dijo.
Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, son dueños de 1,282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, en la que figuran como accionistas personalidades conocidas de la política colombiana, como la ministra de Transporte Ángela María Orozco, y el esposo y la hija de la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.
Otros socios de la firma son los hermanos y empresarios colombianos César y Gustavo Hernández Frieri, éste último capturado en Italia en 2018 y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y malversación de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2014 y 2018. De profesión contadores y empresarios, los hijos del exmandatario panista no respondieron las solicitudes de entrevista enviadas por esta organización.
Entre los familiares de políticos que aparecen en los Pandora Papers incluyen a la esposa del actual gobernador del Estado de México, Fernanda Castillo Cuevas, y a Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez.
Documentos del despacho Trident Trust revelan que Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado federal y exalcalde de Cancún por el Partido Verde se convirtió en 2015 en accionista de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas, que en 2014 eran dueñas de cuatro embarcaciones. Las tres sociedades fueron creadas años atrás por su hermano Fernando García Zalvidea, un conocido empresario hotelero que tras su muerte, en noviembre de 2013, heredó parte de su fortuna a sus hermanos.
En 2005 Juan Ignacio García Zalvidea, quien no estuvo disponible para una entrevista, fue detenido bajo cargos de negligencia y peculado en perjuicio del ayuntamiento de Benito Juárez. Ese mismo año el Congreso de Quintana Roo lo inhabilitó por un periodo de 20 años por el manejo indebido de fondos y recursos del estado durante su gestión como alcalde, y un año después fue puesto en libertad después de pagar una fianza.
En los Pandora Papers también aparecen el secretario de gobierno de Coahuila, el jefe de la oficina del gobernador Cuahtémoc Blanco, el hermano de un exgobernador de Yucatán y el exgobernador priista de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez.
En 2016 la investigación de los Panama Papers puso al descubierto las finanzas secretas de 311 mexicanos, una cifra 10 veces menor que la documentada hoy en los Pandora Papers. Hace cinco años, la investigación de paraísos fiscales cimbró al mundo, provocando la caída de primeros ministros y la creación de nuevas leyes en docenas de países.
En México poco cambió y desde entonces las autoridades hacendarias han fallado en vigilar las obligaciones fiscales de todos aquellos que se benefician del sistema offshore para sacar el dinero del país, que cada año pierde más de 9 mil millones de dólares en impuestos por el abuso de jurisdicciones offshore, según la organización europea Tax Justice Project.
En el papel, los contribuyentes mexicanos deben declarar los ingresos y utilidades obtenidas en los paraísos fiscales, pero el SAT no tiene un registro de las empresas, fideicomisos o fundaciones offshore en las que participan los mexicanos ni conoce el monto de sus ingresos o de los impuestos pagados.
A fin de verificar que los ciudadanos están al corriente del pago de impuestos, las autoridades hacendarias pueden ordenar auditorías, pero el SAT apenas auditó en lo que va del año a 5 personas que hacen uso de los paraísos fiscales, de acuerdo con el área responsable de realizar las auditorías.
La vigilancia de las entidades pantalla es importante por tratarse de empresas creadas para esconder el patrimonio real de sus clientes y porque, según reveló la investigación internacional de ICIJ, están a menudo asociadas con delitos de evasión y defraudación fiscal, lavado de dinero, corrupción corporativa y política.
Mientras el gobierno hace poco, al paso de los años se conoce que más mexicanos y actores de poder se benefician de la industria offshore en un país con una desigualdad creciente.
“Los daños son amplios y profundos, pero obviamente las personas más perjudicadas son las más vulnerables que dependen de un Estado funcional y de un gobierno que ofrezca al menos una protección mínima”, dice Chuck Collins, director del programa de desigualdad en Institute for Policy Studies. “Esto no solo provoca que el Estado no tenga dinero, sino que es una especie de corrupción de todo el sistema que se produce cuando los poderosos optan por no participar”.
Mathieu Tourliere (Proceso), Zorayda Gallegos, Georgina Zerega y Elías Camhaji, (El País), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univision) participaron en la elaboración de este reportaje.
